Gobierno Abierto: ¿de qué estamos hablando?
En la cotidianidad de la gestión pública se hace referencia a la apertura e innovación gubernamental, pero en la fricción diaria no siempre se tiene en cuenta el fundamento y los valores que dan sustento a este paradigma. ¿Cuál es el origen de estas herramientas?
La idea de Gobierno Abierto se ha tornado muy popular en la última década, pero no es un concepto nuevo. Podemos rastrear su origen en la teoría política y jurídica, siendo los pilares que componen al término inseparables de las ideas de democracia y república. Estos valores son: participación y colaboración, tecnología e innovación, rendición de cuentas y transparencia.
El concepto retoma la idea de que los gobiernos deben estar abiertos al escrutinio público y los ciudadanos tienen el derecho de acceder a todos los recursos necesarios para demandar rendición de cuentas por sus acciones, junto a la posibilidad de participar en el diseño e implementación de políticas públicas (Fumega, 2016). A su vez, se tiene en cuenta a la innovación y a la incorporación de la tecnología como parte fundamental de este paradigma. En el caso de un gobierno transparente la información es transferida unidireccionalmente mientras que con la apertura se presume el establecimiento de un diálogo, es por ello que se suma como pilares a la participación y colaboración (Orszag, 2009).
En términos históricos, podemos remontarnos a las “Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia” de Rousseau y la promulgación de la primera ley de acceso a la información adoptada por el Parlamento sueco en 1766, por ejemplo. El concepto puede ser hallado, con distintos matices, en diferentes documentos (mayoritariamente públicos) desde mediados del siglo XX. Algunos ejemplos son las menciones a la idea de gobierno abierto a fines de los 50’ en debates en torno a la sanción de la ley de acceso a la información (1966) en Estados Unidos, el Informe Danks en Nueva Zelanda en 1980 y el White Paper de 1993 del Gobierno del Reino Unido: “Gobierno Abierto”, entre otros (Fumega, 2016).
El concepto está íntimamente ligado a la forma democrática y republicana de gobierno. Beetham y Boyle (1996) al intentar explicar los elementos que sustentan una democracia representativa, ya lo consideraban uno de los pilares fundamentales. Ellos plantean la necesidad de contar con: a) un proceso electoral libre y limpio; b) un gobierno abierto, transparente y responsable; c) la garantía de unos derechos y libertades civiles y políticas; y d) una sociedad democrática o “civil”.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento se da un nuevo impulso a que los gobiernos abran su información y generen nuevos mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Internet y las infraestructuras innovadoras han reducido considerablemente los costos de recolectar, almacenar, sistematizar y distribuir información. Si tenemos en cuenta que nunca antes en la historia ha sido tan fácil compartir información y que el Estado es uno de los organismos más importantes en la sociedad que recolecta y almacena datos, entonces es lógico que Internet haya dado un nuevo este nuevo impulso a los valores de la democracia representativa, hoy englobados bajo la idea de Gobierno Abierto.
A comienzos del siglo XXI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) definió a los gobiernos abiertos como aquellos que están dispuestos a escuchar a los ciudadanos y tomar sus sugerencias a la hora de diseñar e implementar políticas (OCDE, 2003). En la mayoría de los países miembros de la OCDE existen marcos jurídicos relativos que hacen referencia a la idea de gobierno abierto. Los marcos consideran estos cinco aspectos: 1. La legislación sobre el acceso a la información y libertad de prensa 2. La legislación sobre privacidad y protección de datos 3. Las leyes sobre procedimientos administrativos 4. La legislación sobre Defensores del Pueblo (Ombudsman) y 5. Las leyes sobre las entidades fiscalizadoras superiores.
Hacia el año 2010, se trabajó la temática principalmente a nivel de los Estados Nacionales, siendo Estados Unidos, España y Brasil los países impulsores, principalmente a través de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). El memorándum del gobierno estadounidense fijaba como columna vertebral del Gobierno Abierto tres ideas básicas: a) la participación, como forma de aumentar la eficacia del gobierno y aprovechar el conocimiento distribuido y disperso en la sociedad sobre la implementación de políticas públicas (incorporar la experiencia del usuario); b) la transparencia, con el fin de promover la rendición de cuentas y proporcionar a los ciudadanos la información sobre lo que el gobierno está haciendo; y c) la colaboración, como forma de involucrar a los ciudadanos en la labor del gobierno.
En líneas generales, se reconoce que el desarrollo del Gobierno Abierto ocurre bajo dos grandes ejes de actuación: abrir datos y abrir procesos.
La apertura de datos públicos (open data) promueve por un lado la innovación usando (o reutilizando) los datos públicos como catalizador de nuevas aplicaciones y servicios y, por tanto, transforma a los gobiernos de proveedores de servicios a gestores de plataformas.
La apertura de procesos (open process) refiere al uso de la Web 2.0 (Government 2.0) y redes sociales, con los que se persigue facilitar la comunicación, la “escucha activa” y la participación, aprovechar el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para ayudar en el diseño de políticas y provisión de servicios públicos, y la colaboración (en red) dentro y entre las administraciones públicas y más allá. La apertura de procesos busca extender las fronteras de la participación e implicación pública en el policy-making.
El gobierno abierto incluye herramientas que ayudan a estar más cerca de los ciudadanos y a entrenar mejores servidores públicos, permitiendo generar soluciones concretas para problemas públicos concretos.
